LA NUEVA CONSTITUCIÓN Y LAS LLAVES DEL PODER
La semana pasada finalizó la redacción de las reglas generales de funcionamiento de la Convención Constitucional en Chile, por lo cual nos encontramos ad portas que esta instancia comience a tratar los temas de fondo de la nueva carta magna. Y si bien no se puede predecir el resultado final de la convención, existiendo en el constitucionalismo latinoamericano de los últimos años experiencias muy disímiles, como Venezuela, Ecuador o Colombia, sí hay un aspecto claro en nuestro proceso: la izquierda radical se encuentra sobrerrepresentada.
Sobrerrepresentada pues, englobando en esta al Partido Comunista, el Frente Amplio, la ex “Lista del Pueblo”, el colectivo socialista, todos los constituyentes de escaños de pueblos originarios y otras organizaciones políticas, la izquierda radical representa aproximadamente un 70% de la convención, repartiéndose el otro 30% de la misma entre la derecha y una menguada centroizquierda. Esta sobrerrepresentación se debió en parte al impulso del “estallido social”, el desgaste de todos los partidos tradicionales y el apoyo masivo a listas y candidatos que se presentaron como “independientes”, pero que han resultado casi sin excepción adherentes a ideas muy radicales de izquierda y votando en bloque con el Partido Comunista. Como contexto, cabe mencionar que, en la última parlamentaria de 2017, la izquierda dura obtuvo el 18% de los escaños de diputados (un 30% si generosamente le sumamos los diputados del Partido Socialista). Por ello, esta Convención Constitucional, en un país donde solo el 18% de la población se define de izquierda(1), claramente no es un reflejo ideológico del Chile real, sino más bien una emulación posmarxista del Soviet de Petrogrado, con ritos de pueblos indígenas, pañuelos feministas y banderas LGBTI.
Por ello, resulta difícil, sino imposible, que la izquierda radical obtenga electoralmente tal nivel de representación en un Congreso futuro. Y por lo mismo, la tentación se encuentra a la mano: armar la Constitución de tal forma, que controlen las principales clavijas del Estado, cimentando desde este transitorio triunfo electoral, una institucionalidad e influencia permanente de sus ideas y redes clientelares. Dicho escenario se daría en una situación inédita, pues nunca en la historia de Chile la izquierda radical estuvo en igual posición de acumular tal cantidad de poder. Y no me refiero a la izquierda reformista y socialdemócrata del Partido Radical de los años 40 o de la exitosa Concertación, sino a una izquierda revolucionaria como la de la Unidad Popular. Dicha Unidad Popular, controló la presidencia con Salvador Allende a la cabeza, pero no el Congreso Nacional, el Poder Judicial ni las Fuerzas Armadas, lo cual a la postre, condenó su permanencia.
Lo que no obtuvo Allende sí lo podría obtener el Frente Amplio y sus aliados hoy. La debacle electoral de la derecha y la centroizquierda tradicional, podría dejar en muy buen pie a la izquierda dura en la próxima elección parlamentaria de fines de este año. Igualmente, si todo se da como lo pronostican las encuestas, a fines de este año resultaría electo Gabriel Boric como nuestro próximo presidente. La izquierda radical, controlando la presidencia y el congreso, y redactando la Constitución, estaría en una posición inmejorable para capturar todo el aparataje institucional.
Este escenario puede parecer alarmista. Pero cabe no perder de vista este riesgo. En su libro Cómo mueren las democracias, Levitsky y Ziblatt, hacen una revisión de distintos casos de la historia reciente, como los gobiernos de Perón, Marco, Fujimori y Chávez, tanto de la izquierda como de la derecha, señalando que “Desde el final de la Guerra Fría, la mayoría de las quiebras democráticas no las han provocado generales y soldados, sino los propios gobiernos electos”, los cuales manipulan y subvierten la institucionalidad democrática y sus checks and balances, tornándose en regímenes autoritarios. A partir de dicha obra, podemos esbozar tres puntos claves en los cuales hay que poner atención en la nueva Constitución: la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional y las Fuerzas Armadas.
Respecto a la Corte Suprema, la legislación vigente establece que el supremo tribunal tiene 21 ministros. Los ministros son nombrados por el Presidente de la República, quien los escoge de un listado de cinco candidatos que propone la Corte Suprema con acuerdo con el Senado; siendo un cargo vitalicio hasta la edad de jubilación a los 75 años. De los 18 ministros en funciones actualmente (con 3 cargos vacantes)(2), 11 han sido nombrados por Sebastián Piñera, por lo tanto, se entienden más proclives hacia la derecha política. Los 7 ministros restantes, si bien fueron nombrados por gobiernos de centroizquierda, son de línea reformista, pero no radical. Esta composición es conservadora a la luz de los objetivos manifestados por gran parte de los constituyentes, por lo cual es del todo predecible que intentarán cambiar su composición. Una alternativa que tendrán a la mano es aumentar el número de integrantes, nombrándolos en un acto por el mismo gobierno, una operación habitual en regímenes que buscan asentarse ilegítimamente en el poder. Por ejemplo, Carlos Menem aumentó de 5 a 9 el número de miembros de la Corte Suprema argentina. Hugo Chávez aumentó de 20 a 32 miembros, llenando el Tribunal Supremo de integrantes leales a su persona. Otras alternativas pueden ser forzar investigaciones en contra de los ministros díscolos, como hizo Juan Domingo Perón; o bajar la edad de jubilación, retirando a varios de un plumazo. Tiendo a pensar que los argumentos para dicha reconfiguración serán la mentada “plurinacionalidad”, la descentralización, la “democratización” o la “paridad de género”, dado que actualmente solo un tercio de la Corte Suprema está compuesta por mujeres.
El Tribunal Constitucional será otro tema clave en el proceso que estamos viviendo. Actualmente está compuesto por diez ministros integrantes, y la ley vigente establece un sistema que incluye nombramientos realizados por el Presidente de la República, por el Senado y por la Corte Suprema. Desde hace largo tiempo que la izquierda chilena ha criticado el Tribunal Constitucional como una herencia pinochetista, lo cual no se ajusta fielmente a los hechos, dado que fue conformado originalmente en 1970 y es una institución propia de muchas democracias occidentales.
No obstante lo anterior, el ataque en los círculos académicos y los medios ha sido furibundo. Fernando Atria, influyente abogado cercano al Frente Amplio y académico de la Universidad de Chile, hoy electo como constituyente, critica duramente esta institución en su obra La constitución tramposa (2013), donde refiere que este tribunal es “tóxico para la democracia”. Por ello no es de extrañar que un 59% de los constituyentes electos esté de acuerdo con modificar el actual sistema de nombramiento de sus ministros y un 31,6% piensa derechamente en eliminar esta institución y crear un nuevo organismo(3). Solo un 9% está de acuerdo con dejarlo tal cual está o realizar ajustes menores. Seguramente este tribunal será tijereteado a fondo.
En Cómo caen las democracias (2018), Levitsky y Ziblatt describen cómo, por ejemplo, Viktor Orban en Hungría, Fujimori en Perú, el Partido Ley y Justicia en Polonia o Erdogán en Turquía, buscaron intervenir arteramente en sus tribunales constitucionales para alinearlos con los mandatos del gobierno. En el caso chileno, podríamos ver que los mismos argumentos ya señalados (paridad de género, plurinacionalidad, descentralización, diversidad, etc.) podrían ser utilizados por la Convención para reemplazar o adicionar un importante número de nuevos miembros elegidos con el visto bueno de las fuerzas jacobinas que probablemente controlarán la presidencia y el congreso; miembros fieles a su programa político.
Una tercera clave, es el control de las Fuerzas Armadas y del Orden. Levitsky y Ziblatt describen en su obra cómo el control del ejército es un factor clave para el establecimiento o no de un régimen autoritario. Como muestra, Chávez, tras el intento de golpe de estado del 2002, purgó sus fuerzas armadas, llenándolas de generales afines a su gobierno. En el caso chileno, nuestra traumática historia reciente y una evidente y comprensible animosidad de la izquierda y gran parte de la población, pueden servir de coartada para intervenir a fondo en las Fuerzas Armadas, de marcada tradición conservadora, a través de cambios constitucionales y la acción estratégica del eventual nuevo gobierno del Frente Amplio con el Partido Comunista y sus aliados. Forzar el retiro de varios generales, impulsar causas penales o sumarios contra otros, modificar los sistemas de ascenso y destitución, la acciones ya en curso para sustituir a Carabineros por una institución civil(4) y otras medidas en pos del “control civil y democrático”, podrían ser los mecanismos adoptados con tal de debilitar y desarticular las actuales Fuerzas Armadas y del Orden.
Estos tres puntos resultarán vitales en la próxima constitución, pues son las tres principales llaves del poder. Si su Constitución les permite a los adherentes de una agenda revolucionaria el control de estas tres llaves del poder, podrán manipular la institucionalidad a gusto. Hay muchos otros temas que no son de dicha relevancia, pero que igualmente se pueden conjugar el pos del control total de un grupo político. Uno es la elaboración de distritos electorales y escaños reservados acomodados a favor del grupo dominante, para que sea sobrerrepresentado en el Congreso u otras instancias de poder, una operación habitual descrita por Bruce Bueno de Mesquita en El manual del dictador (2013), la cual ya hemos podido ver desplegada en los escaños reservados de los pueblos originarios, elegidos con una votación bajísima, los cuales han actuado en bloque con la izquierda más dura; escaños que no solo serán conservados en el nuevo Congreso que establezca la convención, sino que además probablemente ampliados.
El otro y último tópico a mencionar son los quorums supercalificados que podría tener la nueva Constitución. Este tema es paradójico, pues la izquierda radical ha pataleado hasta el hartazgo por los actuales quórums de 2/3, comunes en otras democracias liberales, pero a la vez, apreciando que la sobrerrepresentación de la actual izquierda difícilmente sea reeditable en nuevas elecciones, es dable a pensar que quieran conservar el quórum de 2/3 para dejar sellada la nueva carta fundamental y evitar reformas sustanciales futuras, al modo de Jaime Guzmán. ¿Serán tan hipócritas para defender lo que meses atrás criticaron a muerte?.
Para terminar, solo reiterar que, dado la contingencia social e institucional, se aprecia que nunca en la historia de Chile una izquierda radical y revolucionaria ha contado con la posibilidad de acumular tal magnitud de fuerza y poder. Ni con la breve república socialista de 1932, ni con la Unidad Popular en los 70. Una izquierda robesperiana que no ha mostrado atisbo de contención ni mesura, sino al contrario, un afán revanchista y mesiánico. Y si bien la izquierda radical ha evidenciado importantes fisuras internas, y no exhibe los liderazgos fuertes habituales en regímenes que devienen en autoritarios, como nunca, están en la posición y el ánimo para cooptar todos los poderes del Estado y desarticular el sistema de pesos y contrapesos de nuestra democracia liberal. ¿Construirá esta Convención una real Constitución tramposa? ¿Se convertirán Fernando Atria y compañía en lo que juraron destruir?